Acción de la Procuraduría permitirá en Chaparral acceso ininterrumpido del servicio de agua
Juzgado de Ibagué ordenó garantizar suministro del líquido vital de manera permanente, eficiente y con oportunidad
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué aprobó el pacto de cumplimiento propuesto por la Procuraduría General de la Nación para garantizar el suministro de agua potable de manera permanente, eficiente y con oportunidad, en beneficio de los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral –Empochaparral- (ESP).
Tras la acción popular instaurada por el ente de control, las partes acordaron adelantar un proceso contractual con el objeto de suministrar páneles solares para el sistema de bombeo de la ESP, y de esta manera, cumplir con la distribución de agua potable sin interrupción a los habitantes de la zona urbana del municipio, a quienes se les presta el servicio domiciliario de acueducto de manera sectorizada cada dos días.
Asimismo, se comprometieron a presentar el proyecto de la bocatoma alterna del río San Jorge ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Por su parte, el municipio asumió la radicación de los documentos necesarios para avanzar en el trámite administrativo, con el fin de vincular a Chaparral al plan departamental de aguas.
En la audiencia de cumplimiento también se pactó incluir dentro del presupuesto para la vigencia de 2024, la suma de $ 100 millones de pesos para cambiar la distribución de la red que surte de agua potable a los suscriptores, y se conformó un comité para la verificación del cumplimiento del fallo, con la participación del demandante, las entidades demandadas y demás autoridades.
El Ministerio Público señaló que esta actuación busca, entre otros, proteger el derecho colectivo a contar con una infraestructura de acueducto que garantice la salubridad a los cerca de 46.200 habitantes de Chaparral.
Finalmente recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, y reiteró que su actuar está dirigido a mitigar el riesgo de afectación de los derechos reclamados por los accionantes.
