| Pereira, Humberto Tobón, gerente de la RAP Eje Cafetero, invitó a una reunión virtual a Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios de la Procuraduría General de la Nación y al procurador delegado para la conciliación administrativa, Luis Ramiro Escandón; con el objetivo de observar los avances que se han tenido en materia de cuidado ambiental del Parque Nacional Natural de los Nevados. Ello sustentado en la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó mediante la sentencia 10716 de 2020, el fallo del Tribunal Superior de Ibagué, que identifica al Parque Nacional Natural de Los Nevados como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente sano. Recordemos que esta decisión se dio tras una tutela interpuesta por Juan Felipe Rodríguez Vargas, quien denunció una violación de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, salud, seguridad social y ambiente sano, por parte de las autoridades encargadas de administrar, mantener y cuidar este territorio. Del encuentro también participaron los procuradores y procuradoras judiciales, ambientales y agrarios, Daniel Rubio Jiménez, Mónica del Pilar Gómez Vallejo, Luz Elena Agudelo Sánchez y Gloria Patricia Aguilera, el director de la Carder Julio César Gómez y su equipo de trabajo, el Contralor de Pereira Perches Giraldo y funcionarios de los entes territoriales de Quindío y Risaralda. La idea es encaminar los esfuerzos para restringir las actividades que no pueden ser permitidas en un sistema ecoambiental como este, por ejemplo, la ganadería, ya que se cuenta con una normatividad ambiental muy robusta, pero con poca efectividad a la hora de aplicarla. Según los explicó Daniel Rubio Jiménez, procurador judicial, ambiental y agrario del Tolima, las procuradurías en los cuatro departamentos se dieron a la tarea de formular una batería de indicadores de seguimiento a las acciones que dicta la sentencia, hasta el momento se han cumplido dos fases de medición, con resultados poco alentadores. Se considera desde la Procuraduría que es muy importante que la unidad administrativa especial Parques Nacionales avance en el saneamiento de los predios y mejoras ubicados al interior del parque Los Nevados, bienes inmuebles que hoy son propiedad privada y que el Estado los convierta en bienes públicos fiscales, que ayudarían a la gobernanza del agua y el ecosistema. Con la línea base del año 2020, se habla de 71 predios y mejoras privadas de los cuales a diciembre de 2023 se han adquirido tan solo 4. De igual manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió un acto administrativo de declaración de zona amortiguadora del parque Los Nevados, lo que aún no se materializa. Otro de los indicadores de impacto se da frente al tema del número de cabezas de ganado retiradas del Parque. El indicador también es muy bajo, ya que de las 2.830 reses identificadas, en una clara labor pecuaria no compatible con el área protegida, tan solo han logrado retirarse 573 en cuatro años. En materia de predios con desarrollo de dichas actividades ganaderas, se identificaron 58 inmuebles y solo 3 han dejado de adelantar estas tareas pecuarias, lo que quiere decir que aún en 55 predios se desarrollan usos que no deberían estar permitidos y que generan un daño incalculable en el ecosistema. El avance en términos de implementación de otras actividades productivas, impulsado por Parques Nacionales sobre los mismos 58 predios, es de tan solo 14 acuerdos. Así mismo, 9 familias asentadas dentro del área protegida utilizan la madera como principal combustible para sus quehaceres cotidianos. La idea es llevarlos hacia el reemplazo de esas fuentes de energía por energías sostenibles. El avance en ese sentido es cero. Finalmente, el turismo desmedido que se ha venido dando al interior del Parque, también deberá ser objeto de revisión por parte, no solo de los entes de control, sino también por parte de las alcaldías. Una de las principales conclusiones sustentada en los resultados arrojados por la batería de indicadores, es que si no hay recursos económicos es muy difícil cumplir con las acciones necesarias para frenar el deterioro ambiental. Así mismo, falta mucha coordinación entre las entidades accionadas por la Sentencia de la Corte. | 
